El propio secretario general de la actual Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, anunció que se anuló el proceso de elección  a los 4 representantes de las organizaciones de Derechos Humanos para el directorio del Instituto de DDHH, “debido a la presencia de 19 agrupaciones irregulares conformadas en Puerto Varas”.

Varias organizaciones chilenas de Derechos Humanos denunciaron “la falta de rigurosidad del Ministerio del Interior en la evaluación de las llamadas ONG´S, ya que, al parecer, muchas de ellas no cumplen con los requisitos mínimos para considerarse como ‘promotoras y defensoras de los DD.HH’”.
El secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, anunció que se anuló el proceso para elegir a los 4 representantes de las organizaciones de Derechos Humanos para el directorio del Instituto de DDHH, “debido a la presencia de 19 agrupaciones irregulares conformadas en Puerto Varas”.

La delgada línea rosa

El secretario de Estado explicó que la nueva convocatoria se realizará “con la seguridad de haber borrado a las entidades irregulares para evitar que se repitan las anomalías”.

Entre las “anomalías” señaladas Viera-Gallo se destaca el hecho de que “al menos un funcionario de ONG favorecida por le gobierno en los últimos años declaraba su domicilio natural en la misma dirección de la organización otorgada por el gobierno de Bachelet”. Ello, al parecer, ocurrió al menos 15 de las 42 organizaciones inscritas.
Observadores de la sociedad civil se cuestionan si dichas  edificaciones entregadas por la concertación se dedicaron objetivamente a la defensa de los derechos humanos de todos los chilenos y chilenas, sin convertirse en actores políticos gestores del gobierno saliente.

La “marea inmobiliaria” no solo afectó a las instituciones ya conocidas, como la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Corporación de Oportunidad y Acción Solidaria (OPCION), Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Corporación Humanas, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), signataria esta última de una sede otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales. Es justo reconocer que en dicha casa  se han fraguado muchos de los litigios y recomendaciones presentadas por la comunidad LGBT, en temas de derechos humanos de las monrías sexuales.

Pero el conflicto de Viera –gallo y las ONGs provocó problemas al momento de escoger a los consejeros que conformarán el Instituto de Derechos Humanos (IDH), ya que no se pudo llegar a un consenso para elegir a estos representantes de una manera objetiva.

Es por ello que, representantes de las agrupaciones legalmente constituidas  le enviaron a la Presidenta Michelle Bachelet una carta para informarle lo sucedido y buscar así  una solución al problema de tantas sedes entregadas, tal vez sin un fundamento social lógico, pero legalmente práctico.