Según un artículo del periodista  Pablo Obregón Castro, publicado por el diario El Mercurio,  entre 2006 y 2009, el Estado Chileno realizó 217 transferencias y 718 concesiones de corto plazo a organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas, operadas por organizaciones LGBT.
El texto de El Mercurio señala que la política de transferencias de inmuebles ejecutada por la Concertación  “hizo que muchas organizaciones sociales perdieran independencia y postergaran su rol principal, que es operar como contrapeso de las instituciones del Estado. Así lo afirma el investigador del Instituto Libertad, Tomás Duval, quien estima que el Estado aporta más del 46% del presupuesto corriente de las ONG”.

Hay incertidumbre entre las organizaciones sociales y comunitarias que durante la era concertacionista funcionaron de manera gratuita en oficinas, casas y edificios públicos.
Entre 2006 y 2009, el Estado realizó 217 transferencias y 718 concesiones de corto plazo a organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de ellas pueden ser revisadas por la nueva administración.
Es el caso del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), que opera hace tres años en una sede prestada por el Ministerio de Bienes Nacionales; de la Unión Nacional de Trabajadores, que ocupa una amplia casona céntrica perteneciente al INP, y de varias sedes provinciales de la CUT que, según cercanos a la nueva administración, podrían tener un uso más rentable para los chilenos.
Esto, en el entendido que los recursos que el Ministerio de Bienes Nacionales obtiene por la gestión de los inmuebles estatales deben destinarse, por ley, al desarrollo de los respectivos gobiernos regionales.
Un estudio encargado por la Dipres estimó que el valor comercial del stock de bienes inmuebles públicos es de US$ 1.200 millones y, a pesar de eso, la administración de ese activo no ha formado parte de la agenda de modernización de la administración pública.
“Existen pocos incentivos para la utilización eficiente de estas edificaciones (…) ignorando que a estos activos se les debe exigir la rentabilidad del mejor proyecto de inversión desechado”, dice el estudio.
Las cifras de ese catastro resultan elocuentes: sólo el 54% de la edificación pública es utilizada para oficinas y el 46% restante es utilizado para bodegas, estacionamientos, cocinas y casinos entre otros usos menores.
Paradójicamente, los ministerios y servicios públicos que más han crecido durante la última década lo han hecho, en gran medida, en oficinas arrendadas, las que tienen un costo anual superior a los US$ 25 millones.
Política de gobierno
Esta política de transferencias de inmuebles hizo que muchas organizaciones sociales perdieran independencia y postergaran su rol principal, que es operar como contrapeso de las instituciones del Estado, dice el investigador del Instituto Libertad, Tomás Duval, quien estima que el Estado aporta más del 46% del presupuesto corriente de las ONG.
Y hay un problema adicional: ignorando que el Estado tiene atribuciones para redestinar esos inmuebles cada cinco años, algunas organizaciones han invertido millonarios recursos en mejoras y ampliaciones, asumiendo que nunca tendrán que irse.
En tanto, los tiempos para el cambio de mando se acortan y la Presidenta ya pidió un registro completo de los bienes muebles e inmuebles y una nómina de contratos de arriendo.

Con Info El Mercurio

Nota:

Tanto Movilh como la mayoría de las ONG de la diversidad mantuvieron una crítica postura a la candidatura del presidente electo, Sebastián Piñera y exhortaron a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales a votar en su contra en la segunda vuelta.